Un informe del organismo Amnistía Internacional (AI) publicado este miércoles 25 de agosto, subraya que las autoridades de Nicaragua implementan la “desaparición forzada de personas” como nueva táctica para “silenciar” a los disidentes y opositores.
El nombre del informe es “¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua”, lo cual es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos”, según el organismos internacional.
En el informe documentan casos de 10 opositores detenidos en los últimos tres meses. Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Hugo Torres y Dora María Téllez.
Los familiares y representantes legales de estos presos políticos han presentado más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diferentes autoridades, y solicitaron acceso a los expedientes, revisión médica para las personas detenidas, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros.
Pero, “lamentablemente, estos recursos han sido inefectivos y en la mayoría de los casos, desprovistos de respuesta de las autoridades”, señala el documento.
Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, “estás detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Crítica a la policía y al Ministerio Público
Amnistía internacional critica a la Policía Nacional y al Ministerio Público de Nicaragua, porque en las notas de prensa sobre las detenciones no informan el lugar de reclusión.
En lugar de información, lo que existe son rumores que los arrestados se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”, donde familiares de los presos políticos llegan a entregar alimentos, pero no son aceptados.
Ana María Chamorro, hermana del aspirante presidencial encarcelado Juan Sebastián Chamorro, cuenta que visita el chipote tres veces al día con la esperanza de que los alimentos correspondientes a desayuno, almuerzo y cena sean recibidos.
Pero, son los guardas de la entrada, los que se encargan de limitar la entrega, “únicamente dejan ingresar botellas de agua”, sin embargo consideran que eso no es garantía de que se encuentren en esa dependencia policial.
“Las familias no han podido visitar a las personas detenidas, sus equipos legales no han tenido acceso a entrevistarles, y las autoridades judiciales no han dado respuesta a los llamados a autorizar el ingreso de familiares y abogados”, cita el informe.
Ortega muestra temor
Guevara Rosas destacó que con detenciones o desapariciones, el Gobierno de Daniel Ortega “muestra el temor a la crítica y a la denuncia”. Amnistía Internacional exige sean liberados.
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Foto: Cortesía.
Del 28 de mayo al 2 de agosto, el organismo ha archivado la detención de más de 30 ciudadanos, “quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos”.
Los 10 casos documentados no son casos aislados y ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas, explica en el informe la directora para las Américas de AI.
“Las familias merecen tener la certeza de que sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del gobierno de Daniel Ortega”, concluyó Guevara Rosas, en el informe de Amnistía Internacional.
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