El Gobierno de Daniel Ortega a través de sus diputados en la Asamblea Nacional aprobó este martes 24 de agosto con 70 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones, una reforma a la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros.
La reforma establece ampliar sanciones a bancos y a sus funcionarios, entre ellos, el director, representante, gerente, ejecutivo principal, administrador de prevención de los riesgos y auditor interno, según la iniciativa divulgada el pasado lunes.
Los mencionados serían sancionados si divulgan o informan al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, es decir, sin previo aviso las cuentas de los clientes serán investigadas.
También se castigará a los funcionarios de entidades bancarias que “alteren o desfiguren datos en los balances, libros y estados de cuentas”, o a los que oculten y eviten que se conozcan dichos documentos, o en el peor de los casos “los destruyan, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o impacción”, explica la iniciativa.
Multa monetaria. Se valora el salario
Además, se plasma que la propuesta de multa es equivalente entre dos veces y ocho veces el salario mensual de la persona sancionada. El superintendente de bancos podrá “ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor en caso de ser reincidente”. En el caso de los directores la multa sería mayor.
Importante destacar que las sanciones a las instituciones financieras serán entre 20 mil a 500 mil unidades de multa y “cada unidad de multa equivale en moneda nacional a la de un dólar de los Estados Unidos”. Es decir, las multas podrían alcanzar el medio millón de dólares.
Lafise Bancentro, sede central. Foto: Cortesía.
Justificación
En la iniciativa presentada el pasado lunes, el Gobierno de Ortega explicó que aprobaría las reformas como un “firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva con el objetivo de proteger la economía nacional”.
Además, para fortalecer su ordenamiento jurídico y la acción supervisora de las autoridades y que el sistema financiero del país “se robustezca, siendo capaz de evaluar, gestionar y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos”.
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