La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido una mala noticia en los tribunales. A días del inicio de la feria judicial, el juez Julián Ercolini la procesó por la presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones, propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo. El fallo incluyó también un embargo contra la expresidenta de 666 millones de dólares. El procesamiento implica que el juez ha encontrado motivos suficientes para iniciar un juicio contra Kirchner, un paso que le permitirá, de considerarlo necesario, impedir su salida del país y hasta dictarle la prisión preventiva.
El juez Ercolini investigará ahora una presunta cadena de responsabilidades que arranca en la expresidenta y desciende por toda la estructura de obras públicas. Por eso el procesamiento no se ha limitado a Kirchner y alcanzó también al exministro de Infraestructura, Julio De Vido, a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por enriquecimiento ilícito, y al exsecretario de Obras Públicas José López. Este último está detenido desde que la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento en las afueras de Buenos Aires.
Este es el segundo procesamiento judicial contra Kirchner desde que dejó el poder el 10 de diciembre de 2015, pero es el primero vinculado a una causa de corrupción. En otra causa, la justicia investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central. En esta, los fiscales denunciaron ante el juez que existió un “plan criminal” montados desde la Casa Rosada para favorecer a Austral Construcciones, una empresa que durante la gestión kirchnerista obtuvo contratos viales por unos 3.300 millones de dólares. Una auditoría de Vialidad Nacional realizada por el gobierno de Mauricio Macri determinó el pago de sobreprecios de hasta 50% en algunas de esas obras, por un monto total de hasta 1.000 millones de dólares.
Fuente: El País
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