El Director Ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Mauro Ampié, cuestiona la decisión del gobierno de Daniel Ortega de liberar a más de 8 mil reos por purgar penas de 5 años o menos, lo que debe de ser aplicado por autoridades competentes y claramente definido.
“Debe valorarse si la decisión colabora con la reinserción y deben ser los jueces de sentencia quienes deben tomar tal decisión, observando lo que se ha cumplido de la pena”, expresa Ampié.
Según la comunicación oficial, en el 2014 las autoridades dejaron en libertad a 3,815 reos nicaragüenses que cumplían penas de cinco años o menos; y en el 2015 a 3,489.
Con los 845 prisioneros que dejaron en libertad en lo que va del año, suman 8,149 los beneficiados con el régimen de convivencia familiar.
La población penal de Nicaragua, hasta mayo de 2014, era de 10,569 (575 mujeres), de estos 306 extranjeros, 102 de distintas etnias, 90 con alguna discapacidad y 30 adolescentes, de acuerdo con los últimos datos oficiales. En tanto, la Policía Nacional cuenta con 506 celdas preventivas en los 153 municipios de este país, con una capacidad para 2,913 personas.
Las autoridades han reconocido problemas de hacinamiento en las cárceles. El Gobierno también informó ayer que deportarán a cinco prisioneros de otras nacionalidades que cumplen condenas en Nicaragua, a fin de que las terminen en sus países, así lo informó el diario La Prensa.
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