MpN exige investigación y castigo por crímenes

"Porque no es posible avanzar a una verdadera reconciliación y consolidación de la paz si estos crímenes permanecen en la impunidad"

Ejército de Nicaragua

El Movimiento por Nicaragua (MpN), a través de un comunicado, exige una investigación exhaustiva que esclarezca los crímenes en el Municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur.

Esta organización de la sociedad civil pide se castigue a los responsables de estos asesinatos; especialmente, del niño Francisco Pérez Valle, de doce años de edad y de su hermana Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años, quien fue objeto incluso de violación.

A continuación presentamos partes del comunicado del MpN leído por su director ejecutivo, el politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza Collado.

 

 

Elea Valle Aguilar, madre de los dos niños y esposa del rearmado (Francisco Pérez Dávila) que fueron asesinados por un batallón del Ejército de Nicaragua donde también, aparte de esta familia, dejó a tres campesinos acribillados para un total de seis fallecidos; se presentó esta semana en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para testimoniar los horrendos crímenes de lesa humanidad en la comunidad San Pablo 22 del Municipio de La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.

Acompañada de un equipo del CENIDH, doña Elea Valle Aguilar,  madre de los dos menores muertos en la masacre del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo 22, Municipio de La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur, no fue recibida ayer por la Fiscalía de la República donde exige justicia ante este hecho macabro que enluta a todas las familias nicaragüenses.

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, lamentó que ni la fiscal, Ana Julia Guido u otro alto funcionario de la Fiscalía, les recibiera y escuchara personalmente la denuncia de Valle, quien insistió en demandar que le entreguen los cuerpos de sus hijos para darles cristiana sepultura, ya que tras ser ejecutados fueron enterrados en una fosa común sin presencia de fiscales, policías o autoridad alguna que testificara sobre la identidad de las víctimas.

Al final el escrito con una amplia exposición de la denunciante fue dejado en la recepción del Ministerio Público. Ninguna autoridad aceptó recibirles.

Una de las principales demandas  efectuadas por Valle y el organismo de derechos humanos, es que los operadores de justicia investiguen cómo mataron a las seis personas, al margen de la imputación oficial que les hace el Ejército de grupo “delincuencial”.

Posterior a la denuncia de la Fiscalía,  igual procedimiento efectuaron ante la Policía Nacional.

Carrión criticó que tanto la Fiscalía como la Policía debieron haber iniciado de oficio  una investigación, coincidiendo con la demanda que ha presentado ante la opinión pública el MpN.