El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresa su repudio sobre la expulsión de la que fue víctima el 3 de febrero del corriente, el Señor Carlos Ponce, Director Regional de Freedom House, organización que promueve y defiende los derechos humanos a nivel internacional.
Este hecho, antecedido por la expulsión de la fotógrafa belga Michele Sennesael; de Luis Carlos Buob y Martha González , defensores de derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; de Liz Morales e Irumaki Cárdenas, del Colectivo Boliviano TransformArte y la reciente retención de los equipos de la periodista Irene Selser, evidencia que se ha impuesto una política del actual gobierno de Nicaragua en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que en ejercicio de su labor visitan el país, señala el CENIDH.
Dicho proceder es arbitrario y violatorio de los derechos humanos así como del derecho a defender derechos, reconocido en la Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas.
Una vez más, con la expulsión del Sr. Carlos Ponce, se confirma la hostilidad e intolerancia del Gobierno de Nicaragua hacia la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y hacia discursos que sean distintos al discurso oficial.
El CENIDH exige al gobierno de Daniel Ortega que cese la hostilidad y el atropello hacia quienes en cualquier parte del mundo están legitimados para defender y promover los derechos humanos, la libertad de expresión y la vida en democracia.
Carlos Ponce, director regional de Freedom House, denunció fue expulsado de nuestro país por el régimen orteguista.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLaD) en todo el hemisferio, dijo que funcionarios de Migración, intentaron confiscar su pasaporte y su teléfono celular.
Carlos Ponce venía a reunirse con diversas organizaciones de sociedad civil nicaragüenses. Se abordaría el tema de la descentralización del Estado, la delegación del poder político a entidades independientes, todo lo cual Ortega lo razona como una desviación peligrosa de su proyecto faraónico, porque la delegación y balance de poderes los considera un ataque al miocardio de su sistema político.
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